Les Corts han acordado hoy instar al Gobierno central a adoptar, dentro del marco de sus competencias, las medidas necesarias para que las entidades financieras con impagos a las comunidades de propietarios cumplan sus obligaciones de pago derivadas de la ley de propiedad horizontal.
El acuerdo, aprobado en la comisión parlamentaria de Obras Públicas, ha partido de una iniciativa del grupo Compromís, aunque finalmente se ha acordado una redacción consensuada con otros partidos, por lo que ha quedado aprobada por unanimidad.
Les Corts también piden al Gobierno central un plan de atención de situaciones de necesidad que se crean en las comunidades de vecinos cuando la deuda de alguna entidad financiera impide la realización de las obligaciones que impone la ley de propiedad horizontal, y que se les facilite asesoramiento jurídico y se eviten perjuicios para el desarrollo de acciones legales por la comunidad.
Además, instan al Consell a hacer público, a través del Observatorio Valenciano de Vivienda, un informe sobre la problemática de morosidad en las comunidades de propietarios generada por los impagos por parte de las entidades financieras.
El Consell también posibilitará el establecimiento de medidas para que se pongan en funcionamiento los mecanismos necesarios para informar a las comunidades de propietarios afectadas por situaciones de morosidad con el objetivo de que puedan reclamar los importes que se les deben, especialmente por parte de entidades financieras.
Además, Les Corts instan al Gobierno central a impulsar y adoptar las reformas legislativas oportunas en la ley de propiedad horizontal, para que las entidades bancarias respondan de los impagos de las cuotas por parte de los morosos en los últimos cinco años.
La propuesta ha partido de Compromís, que ha explicado que las entidades bancarias que han adquirido una propiedad después de un procedimiento de ejecución hipotecaria no se responsabilizan de la deuda con la comunidad, habitualmente generada por el anterior propietario, y muchas veces tampoco cubren los gastos generados después.
Asimismo, han señalado que, dado el elevado coste en tiempo y recursos que supone para las comunidades de propietarios iniciar procesos judiciales de requerimiento de pago, estos solo se llevan a cabo en un número reducido de ocasiones.
Fuente: La Vanguardia
